¿Cómo mantener una protección jurídica en el comercio electrónico?

En la gran mayoría de los casos, y afortunadamente, las compras efectuadas por internet no ocasionan problemas jurídicos para beneficio de los propios consumidores. Al contar con una protección jurídica en sus procesos de compra a través de Internet. Pero de todas formas, no están exentas ninguna clase de incidencia de este tipo y por tanto las empresas de e-commerce cuentan determinados procedimientos internos que tienen el objetivo de fomentar una solución amistosa con el consumidor.

Desde luego que se debe de partir de un escenario muy específico en el sector online. No es otro que el hecho de que las compras por Internet son contratos de adhesión que en realidad significa algo tan importante como que el consumidor no puede negociar ni cambiar el contrato que regula la compraventa que ha realizado. Algo que por otra parte, no sucede en las operaciones a través de las tiendas o comercios físicos.

Desde este escenario general, es necesario precisar que la Unión Europea ha fomentado la creación de legislaciones protectoras de los consumidores y usuarios, especialmente respecto del desarrollo del concepto de las cláusulas abusivas en la contratación con consumidores (en especial, la directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores). En España, esa protección se recoge en el Texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios de 2007. En este tema, nos interesa particularmente destacar su art.90.

Protección jurídicas en las compras online

Uno de los aspectos que más se tienen en cuenta para valorar esta protección jurídica es la que tiene que ver con las cláusulas abusivas en sus operaciones. Donde se tiene en cuenta las siguientes consideraciones que vamos a exponer a continuación.

  • La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico.
  • La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble.
  • La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor y usuario emita su declaración en el negocio o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.

Herramientas para proteger a los usuarios

La adquisición de productos y servicios a través de Internet plantea para el consumidor unos riesgos similares a los de otras ventas a distancia en las que no existe contacto físico entre comprador y vendedor. A través de una serie de derechos como los que vamos a mencionar a partir de estos momentos.

  • El derecho a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre las condiciones ofertas por los operadores y las garantías legales.
  • El derecho a recibir servicios de los productos con garantías de calidad, y a recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de los servicios.

Mientras que por otra parte, también es muy importante valorar en el hecho de que la legislación aplicable al caso de la protección de los derechos de los consumidores varía sensiblemente de unos países a otros y por ello es necesario conocer la normativa vigente en el país en el que se encuentra el consumidor. Así por ejemplo el tratamiento de la publicidad dedicada a los menores de edad tiene enfoques restrictivos o permisivos dependiendo del país.

Al igual que por la puesta en marcha del derecho a la Protección de Datos. Se trata de un derecho adicional que impide la difusión de datos que puedan dar información de una persona a través de los cuales se le pueda identificar o se puedan extraer aspectos de su personalidad. Y sobre el que dedicaremos otro artículo para detallarlo con más detalle para que pueda ser comprendido con mayor corrección por parte de los propios usuarios.

Ventajas de contar con una protección jurídica

Desde luego que esta clase de protección está muy indicada para los negocios en formato online debido a las propias características que se derivan de su propia naturaleza. En donde es muy importante preservar algunos aspectos que están exentos en otra clase de negocios físicos o tradicionales. ¿Quieres saber algunos de los motivos más relevantes? Pues presta un poco de atención  ahora porque podrán ayudarte en algún que otro momento de tu carrera profesional.

Asesoramiento legal, también desde un soporte en línea.

Gestión documental: examen y revisión de la documentación relativa a la consulta.

Se hace cargo de los gastos judiciales, como la elección del abogado o procurador, la cobertura de los honorarios profesionales, profesionales, y de los gastos judiciales, así como de las apelaciones y recursos.

Reclamación de daños derivados de la puesta en marcha y desarrollo de tu negocio.

Defensa fiscal: defensa en procedimientos de liquidación tributaria o sancionadores que inicie la Administración Tributaria.

Reclamación por incumplimiento de contrato de servicios, bienes muebles o suministros.

Defensa de los derechos relativos al local o vivienda habitual en donde desarrollas tu actividad profesional.

Mientras que por otra parte, tampoco puedes olvidar que esta prestación es muy indicada si deseas en todo momento para buscar sobre todo una solución global para cualquier particular o empresa que desee mantener el control de sus gestiones legales y todo esto, sin el perjuicio de perder tiempo o dinero para su total resolución.

En la modalidad básica implica recibir asesorías de especialistas en Derecho en todas sus ramas vía telefónica de forma ilimitada, defensa en materia fiscal, en vivienda y ocupación, apoyo en gestiones documentales como contratos de suministros, servicios, laborales, reclamaciones por daños físicos, psicológicos y materiales, entre otros.

¿Cómo son las pólizas para una tienda en línea?

A través de este producto asegurador se obtendrá algo más que un simple asesoramiento telefónico debido a que se tendrán cubiertos todos los gastos necesarios para la defensa de los usuarios, incluso en caso de tener que ir a juicio, desde un accidente de tráfico hasta un proceso de separación, y que en cualquier caso siempre saldrá más barato que acudir directamente a los profesionales (abogados, procuradores, notarios o peritos) a través de una póliza que se pueden suscribir por menos de 100 euros al año.

Por otra parte, algunas pólizas más específicas incorporan como cobertura adicional la conexión con despachos de abogados, como fórmula para ampliar las coberturas de sus clientes y que cuenten con una mayor protección jurídica, aunque no de forma gratuita ya que se presenta con descuentos sobre la factura que presenten los abogados contratados.

En estos casos, el asegurado, ante conflictos no cubiertos por la póliza, puede acudir a la red de despachos que ponen a su disposición las compañías de seguros que comercializan este producto, de forma que los honorarios los pagará el propio asegurado, con un descuento de entre el 5 % y 20 % sobre la tarifa oficial, independientemente de las prestaciones jurídicas que les proporcione su póliza. Esta posibilidad de acudir a otros profesionales del derecho con precios bonificados se incluye en los seguros más completos, casi nunca están incluidos en los paquetes básicos que se ofrecen a sus clientes, y por tanto hay que advertirlo a la aseguradora que se quiere contratar, si así es el deseo de los asegurados.

Seguros de amortización de créditos

En este caso se trata al fin y al cabo de unos productos que pagan su cuota si se enferma, si se pierde el empleo, suben los tipos de interés, etc., puede suponer un excelente blindaje contra imprevistos que no están contemplados a la hora de suscribir cualquier clase de créditos y, por tanto, una forma de protegerse ante la aparición de cualquiera de estas contingencias que pueden dar un rumbo desconocido al producto adquirido.

Las aseguradoras desarrollan pólizas de protección personal para amortizar los créditos e hipotecas para aquellas personas que deseen estar cubiertas de los perjuicios económicos que les pudiese llevar a asumir esta responsabilidad a sus herederos, derivados de una situación de fallecimiento prematuro o invalidez absoluta y permanente y, en donde la deuda pendiente con la entidad de crédito será asumida por el asegurador.

Quedarse en situación de desempleo o cambiar de trabajo bajo peores condiciones de contrato no está cubierto por estas pólizas, aunque si que contempla el pago anticipado de la totalidad del capital en caso de que el asegurado no pueda ejercer ninguna profesión remunerada debido a otras circunstancias.

Mientras que el precio de su póliza está en función de las coberturas suscritas, pero sobre todo del importe prestado o de lo quede por devolver, y en cualquier caso tienen una cuota anual, aunque puede fraccionarse en periodos inferiores, es decir, mensual, trimestral, cuatrimestral y semestral.

De todas formas, el servicio más demandado es el relativo a consultas y dudas, sobre situaciones de riesgo jurídico. Gracias a él, es posible contar con un asesoramiento legal profesional, ofrecido por abogados con experiencia en cada sector, que nos ayudará a tomar las decisiones más oportunas en función de los intereses que tengamos.


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