La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y el desarrollo de los menores ha llevado a numerosos países a endurecer su legislación. Francia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a menores de 15 años, una medida que se suma a la pionera de Australia y a las que preparan España, Reino Unido y otros estados. El objetivo común es proteger a niños y adolescentes de riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inadecuados y los efectos adictivos de los algoritmos.
Sin embargo, el camino hacia una regulación efectiva no está exento de polémica. Mientras algunos gobiernos apuestan por la prohibición total, expertos y organizaciones señalan la necesidad de combinar estas medidas con educación digital y una reforma profunda del diseño de las plataformas. La experiencia de Australia, donde el uso de redes entre menores ha disminuido pero no se ha erradicado, alimenta el debate sobre la eficacia real de estas restricciones.
Francia, pionera en la UE con la prohibición a menores de 15 años
El Parlamento francés aprobó el pasado 21 de julio de 2026 la ley que prohíbe a los menores de 15 años crear cuentas en redes sociales. La votación en el Senado fue de 243 votos a favor y 2 en contra, mientras que en la Asamblea Nacional se saldó con 279 votos favorables y 81 en contra, lo que refleja un amplio respaldo bipartidista. El presidente Emmanuel Macron, impulsor de la iniciativa, celebró la aprobación afirmando que «Francia abre el camino en Europa» para proteger a los jóvenes.
La norma entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, los menores de 15 años no podrán abrir nuevas cuentas, y las plataformas dispondrán de cuatro meses para eliminar las ya existentes. La responsabilidad de verificar la edad recae sobre las propias redes sociales, que deberán implantar sistemas validados por el regulador francés de protección de datos. Quedan excluidas del veto las enciclopedias en línea como Wikipedia y los directorios educativos o científicos.
La ley francesa no incluye una lista negra de aplicaciones, sino que establece una prohibición general. Plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat quedan claramente afectadas, pero existen dudas sobre YouTube, WhatsApp, Reddit o videojuegos como Roblox. La Comisión Europea ha confirmado que los Estados miembros pueden fijar una edad mínima para acceder a redes sociales, aunque el texto final francés tuvo que eliminar la lista negra prevista para ajustarse a la Ley de Servicios Digitales (DSA).
El resto de Europa y el mundo: un mosaico de restricciones
Australia fue el primer país del mundo en imponer una prohibición de este tipo, en diciembre de 2025, con un límite de 16 años. La ley australiana afecta a Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y Kick, pero excluye WhatsApp y YouTube Kids. Las empresas que incumplan pueden enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 34 millones de dólares estadounidenses). Tras seis meses de vigencia, una encuesta reveló que el uso de redes entre menores de 12 a 15 años había bajado 20 puntos porcentuales, aunque dos tercios de los que tenían vetado el acceso seguían utilizando las plataformas mediante VPN u otros métodos.
Indonesia puso en marcha su normativa en marzo de 2026, prohibiendo el uso de redes sociales a los menores de 16 años. La medida afecta a unos 70 millones de niños y adolescentes, e incluye plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Roblox y Bigo Live. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos anunció en junio de 2026 que fijará la edad mínima en 15 años, con entrada en vigor prevista para julio de 2027. En Turquía, la ley está aprobada desde abril de 2026 y se aplicará en el segundo semestre del año.
En Europa, varios países están en distintas fases de tramitación. Reino Unido ha anunciado una prohibición para menores de 16 años que afectará a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027. Además, propone un «toque de queda» digital que impediría el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las 6 de la mañana para los jóvenes de 16 y 17 años. Grecia ha optado por un modelo de control parental: a partir del 1 de enero de 2027, los menores de 15 años tendrán restringido el acceso mediante la aplicación estatal Kids Wallet, que permite a los padres supervisar y bloquear el acceso a redes sociales y otros contenidos.
¿Funcionan realmente estas prohibiciones? La experiencia australiana
Los datos procedentes de Australia ofrecen una imagen ambivalente. Según el Comisionado de Seguridad en Internet de Australia, aproximadamente siete de cada diez niños que tenían cuentas antes de la prohibición aún las conservaban tres meses después. Un estudio publicado en el British Medical Journal elevó la cifra hasta el 85%. La descarga de aplicaciones VPN aumentó en torno a un 400% tras la entrada en vigor de las restricciones, lo que indica que muchos menores encontraron formas de eludir el control.
No obstante, el Gobierno australiano considera que la medida ha tenido efectos positivos. El tiempo medio de uso diario entre los menores de 12 a 15 años se redujo en 30 minutos, pasando de 2 horas y 25 minutos a 1 hora y 55 minutos. Además, un 20% de los encuestados afirmó haber abandonado las redes sociales por completo. El grado de conformidad es mayor entre los más pequeños (54% en los de 12 años) que entre los de 15 (31%). Para el Ejecutivo, lo más importante es que se ha facilitado la conversación entre padres e hijos sobre el uso de las pantallas.
La Comisión Europea, por su parte, ha encargado un informe que recomienda un enfoque gradual en lugar de prohibiciones absolutas. El estudio, entregado a la presidenta Ursula von der Leyen en julio de 2026, propone facilitar un acceso progresivo según la edad y combatir los efectos negativos como la adicción o el acoso. La tesis de la CE es que los servicios online deben ser seguros «por su diseño», y espera que la aplicación de la DSA contribuya a ese objetivo. Mientras tanto, la propia Comisión ha creado un sistema de verificación de edad que ya está técnicamente listo para su despliegue nacional.
España y otros países en proceso legislativo
España se encuentra en pleno proceso de tramitación de su propia ley. El proyecto de ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales eleva de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en una plataforma sin consentimiento parental. La norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, se encuentra en fase de ponencia en el Congreso y se espera que pueda votarse en otoño de 2026. El Gobierno obligará a las plataformas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad y endurecerá su responsabilidad frente a los contenidos ilícitos, con sanciones para los directivos que incumplan.
Otros países europeos también avanzan en la misma dirección. Alemania, a través del Partido Socialdemócrata, ha registrado una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años y reforzar los sistemas de verificación. El canciller Friedrich Merz apuesta por armonizar este tipo de normas en toda la Unión Europea. Portugal ha iniciado los trámites para fijar la mayoría de edad digital en los 16 años, mientras que Dinamarca estudia una prohibición para menores de 15. En Austria, la edad propuesta es de 14 años.
El debate sobre la conveniencia de estas medidas sigue abierto. Expertos como Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, advierten de que las redes sociales «monetizan nuestra privacidad» y emplean «patrones oscuros» como el scroll infinito para enganchar a los usuarios. Por su parte, la educadora Paula Marcelo, de la Universidad de Huelva, considera que «prohibir sin educar es delegar el problema» y aboga por una alfabetización digital crítica que permita a padres e hijos comprender los riesgos y hacer un uso responsable de la tecnología.
La presión sobre las grandes tecnológicas también se intensifica. La Comisión Europea acusó en julio a Meta de que el diseño de Facebook e Instagram es ilegalmente adictivo bajo la DSA, y un comité de expertos prepara recomendaciones sobre si la UE debería adoptar una restricción paneuropea de acceso de menores. Mientras tanto, iniciativas como el FocusPhone, un terminal desarrollado por dos jóvenes de Segovia que elimina aplicaciones adictivas, muestran que el mercado también busca soluciones alternativas a la prohibición.
La velocidad con la que se están sucediendo las legislaciones es notable: en apenas dos años se ha pasado de ningún país con prohibición efectiva a cinco con leyes en vigor y una veintena en proceso. El cambio de marco político es evidente: ya no se debate si las redes sociales son dañinas para los menores, sino cómo de difícil debe ser el acceso. Sin embargo, la ejecución sigue siendo el talón de Aquiles: las VPN, las fechas de nacimiento falsas y los dispositivos compartidos son realidades que las plataformas no han resuelto. La combinación de regulación, educación y diseño seguro parece ser la única vía para garantizar un entorno digital verdaderamente protector para los más jóvenes.