La Comisión Europea ha dado un paso firme hacia la regulación del acceso de los menores a las redes sociales. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, presentó este lunes las conclusiones de un panel de expertos que recomienda establecer una edad mínima de 13 años para usar plataformas como Instagram, TikTok o Facebook, y cero tiempo de pantalla para niños menores de tres años. La propuesta, que aún debe traducirse en legislación, busca poner fin a lo que Von der Leyen calificó como «acceso sin restricciones de las grandes tecnológicas a nuestros hijos».
El informe, de 156 páginas, no solo fija límites de edad, sino que plantea un cambio de paradigma: que sean las propias empresas, y no los padres o los menores, quienes demuestren que sus productos son seguros. «En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad», subrayó la presidenta durante una rueda de prensa en Bruselas. La Comisión prevé presentar propuestas legislativas después del verano, aunque el debate ya está abierto sobre si los Estados miembros podrán fijar edades más restrictivas, lo que podría generar un mosaico normativo.
Recomendaciones del panel de expertos
El grupo de especialistas, liderado por la doctora Maria Melchior y el profesor Jörg M. Fegert, propone un enfoque escalonado: menores de tres años no deberían tener ningún contacto con pantallas, mientras que los niños de entre 3 y 12 años solo podrían acceder a redes sociales bajo supervisión adulta y con límites de tiempo. A partir de los 13 años, el acceso sería posible sin consentimiento parental, pero las plataformas deberían aplicar un «diseño seguro» que elimine funciones adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática o las notificaciones persistentes. El informe denomina a estos servicios «social media+» y advierte de que los riesgos no se limitan a las redes tradicionales, sino que también afectan a plataformas de videojuegos, asistentes de inteligencia artificial y servicios de vídeo bajo demanda.
Los datos recogidos por el panel indican que los jóvenes pasan entre cuatro y seis horas diarias frente a pantallas, y que casi el 60% de los niños pequeños ha sufrido problemas emocionales o psicosociales en el entorno digital. Von der Leyen fue tajante al afirmar que «las redes sociales no son un juguete» y que mantener el statu quo «condenará a otra generación a más daño mental, adicción y miseria». La presidenta también respaldó el uso generalizado de tecnologías de verificación de edad, aunque reconoció que la clave está en rediseñar los productos desde su origen.
Un enfoque de «diseño seguro» y responsabilidad de las plataformas
El informe no se limita a prohibir, sino que exige a las grandes tecnológicas que asuman una «obligación de cuidado» hacia sus usuarios más jóvenes. La propuesta se apoya en instrumentos europeos ya existentes como la Ley de Servicios Digitales y la futura Ley de Equidad Digital, y traslada la carga de la prueba a las empresas: serán ellas quienes deban demostrar que sus plataformas son seguras para los menores, y no al revés. Este enfoque «seguro por diseño» coincide con las tesis del psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, autor de ‘La generación ansiosa’, que aboga por que los gobiernos exijan a las compañías que diseñen sus servicios pensando en el interés superior del niño.
Sin embargo, los propios expertos advierten de que las prohibiciones por sí solas no bastan. El informe cita el caso de Australia, que en diciembre de 2025 prohibió las redes sociales para menores de 16 años, y señala que hasta el 85% de los jóvenes australianos lograron sortear la restricción. Por eso, el panel insiste en que la combinación de límites de edad y prohibición de redes sociales para menores y rediseño de las plataformas es la única vía efectiva. Aun así, reconocen que las prohibiciones pueden generar cambios culturales a largo plazo, como ocurrió con la prohibición del castigo físico en Alemania o Suecia, que aunque difícil de aplicar, transformó las prácticas de crianza.
Reacciones y desafíos
La propuesta ha despertado reacciones diversas. Organizaciones de la sociedad civil aplauden la iniciativa, pero alertan de que la combinación de restricciones de edad y normas de diseño seguro puede crear una «trampa de complejidad» que las plataformas aprovechen para retrasar los cambios. Jessica Galissaire, investigadora del think tank europeo Interface, advierte de que limitar el acceso solo a los niños «debilita el incentivo para rediseñar los productos para todos los usuarios», lo que sería el objetivo óptimo. Por su parte, los grupos de la industria tecnológica, como la Cámara de Progreso, piden no «tirar al bebé con el agua del baño» y recuerdan que muchas aplicaciones de juegos o aprendizaje también son importantes para los derechos de los niños a la expresión y la educación.
Otro frente abierto es el de las tensiones comerciales con Estados Unidos, ya que la mayoría de las grandes plataformas son estadounidenses. Cualquier regulación que afecte a los gigantes digitales podría añadir un nuevo punto de fricción en las relaciones transatlánticas, ya tensas por la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. Arthur Leichthammer, del Centro Jacques Delors en Berlín, señala que «cualquier regulación o restricción, especialmente sobre los gigantes digitales estadounidenses, es una fuente de fricción que podría descarrilar el frágil acuerdo de Turnberry».
Por último, la cuestión de la armonización sigue sin resolverse. Países como Irlanda, Bulgaria, España y Luxemburgo han propuesto o considerado prohibiciones para menores de 16 años, por encima de los 13 que recomienda el panel. La eurodiputada Stéphanie Yon-Courtin (Renew, Francia) advierte de que permitir que cada Estado miembro fije su propio umbral «crea precisamente el mosaico normativo que este informe pretende evitar». Ella aboga por una edad mínima de 15 años en toda la UE. A pesar de las dudas, los legisladores europeos se muestran dispuestos a actuar con rapidez. El eurodiputado Sandro Gozi (Renew, Francia) asegura que «si hay voluntad política, y en el Parlamento la hay, podemos ir rápido». La Comisión recogerá el guante y presentará sus propuestas tras el verano, convencida de que «la infancia no espera, y una vez que se pierde, no se puede recuperar».
