La tramitaciĆ³n del nuevo real decreto que pretende ordenar la instalaciĆ³n de centros de datos en EspaƱa ha abierto un frente abierto entre el Gobierno y el sector. El Ministerio para la TransiciĆ³n EcolĆ³gica defiende la norma como una herramienta para evitar un crecimiento desordenado que dispare la factura elĆ©ctrica, mientras que la patronal SpainDC la considera una traba imposible de cumplir y amenaza con llevar el conflicto a los tribunales.
Las cifras que manejan ambas partes evidencian la magnitud de lo que estĆ” en juego: mĆ”s de 12 gigavatios (GW) de derechos de acceso a la red ya concedidos desde 2021, frente a los 3,5 o 4 GW que la Estrategia de Inteligencia Artificial habĆa estimado como techo de demanda para 2030. Con ese panorama, la administraciĆ³n ha decidido poner condiciones, y el sector asegura que eso puede tumbar inversiones millonarias.
QuƩ exige el decreto y por quƩ escuece
El borrador, que saliĆ³ a consulta pĆŗblica a finales de agosto y cerrĆ³ el plazo de alegaciones el pasado 10 de septiembre, aplica a instalaciones de mĆ”s de 1 MW y pivot sobre tres ejes. El primero es la : al menos el 80% del consumo elĆ©ctrico de cada centro debe estar respaldado por nueva generaciĆ³n renovable, ya sea mediante contratos PPA o autoconsumo. El segundo es la correlaciĆ³n horaria, que obliga a que ese 80% se cumpla hora a hora, no en cĆ³mputo anual como ocurre con los certificados verdes tradicionales. Y el tercero es la soberanĆa digital, con la exigencia de que el operador estĆ© radicado en la UniĆ³n Europea y que los datos permanezcan dentro del territorio comunitario.
El incumplimiento de estos requisitos conlleva consecuencias progresivas: recargos que pueden oscilar entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, y en Ćŗltima instancia la pĆ©rdida del permiso de acceso a la red. Los proyectos que ya tienen derecho concedido tendrĆan un perĆodo de seis meses para adaptarse, o tres si estĆ”n pendientes de un concurso de acceso. Ese plazo, sumado a la magnitud de las obligaciones, es lo que el sector considera inviable.
La respuesta de la industria: veto e inseguridad jurĆdica
SpainDC, que representa a mĆ”s de 300 empresas del sector, ha presentado alegaciones en las que califica el texto de Ā«veto de factoĀ» y denuncia Ā«vicios jurĆdicosĀ» como falta de proporcionalidad, violaciĆ³n del principio de reserva de ley y un rĆ©gimen sancionador encubierto. La directora ejecutiva de la patronal, BegoƱa VillacĆs, ha advertido de que la Ā«sensaciĆ³n de inseguridad jurĆdica es inadmisibleĀ» y que EspaƱa estĆ” a punto de convertirse en Ā«el paĆs mĆ”s restrictivo de EuropaĀ».
El sector recuerda que ya hay 9.000 millones de euros en inversiones en curso que podrĆan verse directamente afectados por el cambio normativo, y que tres empresas internacionales han anunciado que frenarĆ”n sus proyectos si el decreto sale adelante tal como estĆ”. En total, la patronal calcula que la inversiĆ³n prevista hasta 2030 asciende a 67.000 millones de euros, y que entre un 80% y un 90% de esa cantidad estĆ” en riesgo si no se suaviza el texto.
Riesgo de demandas millonarias
Una de las principales amenazas que planea sobre el Gobierno es la posibilidad de que los promotores perjudicados reclamen indemnizaciones. Emilio DĆaz, presidente de SpainDC y CEO de Nabiax, ha sido contundente: Ā«Las inversiones internacionales se han hecho en base a un contexto legalĀ». Cambiar esas condiciones, sostiene, Ā«va a dar origen a reclamaciones multimillonariasĀ» y a arbitrajes que podrĆan acabar en los tribunales internacionales.
La patronal explica que muchos proyectos llevan tres, cuatro o cinco aƱos de desarrollo, con terrenos comprados, licencias tramitadas, equipos encargados y financiaciĆ³n cerrada. Un solo centro de datos de 100 MW puede requerir cerca de 1.000 millones de euros de inversiĆ³n previa, y buena parte de ese dinero ya estĆ” gastado. Si el decreto se aplica retroactivamente, esos operadores se verĆan abocados a rehacer todos sus planes.
La posiciĆ³n del Gobierno: evitar el efecto dominĆ³ en la factura
El Ministerio para la TransiciĆ³n EcolĆ³gica no ha dado su brazo a torcer. Fuentes del departamento insisten en que EspaƱa Ā«estĆ” en disposiciĆ³n de escoger los mejores centros de datos, los que aporten mĆ”s beneficios con el menor impacto ambientalĀ». La administraciĆ³n defiende que las exigencias estĆ”n alineadas con las normativas de Irlanda, Alemania o China, y que el requisito del 80% desaparecerĆ” cuando el mix de generaciĆ³n supere el 90% de renovables.
La principal preocupaciĆ³n del Ejecutivo es que un crecimiento desordenado dispare el precio de la electricidad para los hogares, algo que ya ha ocurrido en Estados Unidos. En Virginia, los gastos de combustible de Dominion Energy han subido un 88% desde 2021, y la factura residencial media podrĆa incrementarse hasta un 13%. En Texas, el gobernador Greg Abbott ha tenido que congelar nuevas conexiones de data centers ante la avalancha de solicitudes. EspaƱa no quiere repetir ese patrĆ³n.
El pulso por los 12 GW ya concedidos
Uno de los puntos mĆ”s controvertidos es el tratamiento de los proyectos que ya disponen de permisos. La patronal sostiene que la mayorĆa de esos 12 GW no corresponden a operadores con proyectos maduros, sino a especuladores que han reservado capacidad sin intenciĆ³n de construir. Aun asĆ, el sector teme que la norma afecte a los proyectos serios de empresas como Amazon, Microsoft o Google, que llevan aƱos desarrollĆ”ndose.
SpainDC asegura que el impacto real de los centros de datos en Madrid y la apuesta por la eficiencia y el resto del paĆs en el consumo elĆ©ctrico nacional es hoy de solo el 0,8%, y que incluso en un escenario optimista no superarĆ” el 3% en 2030. Por eso, consideran desproporcionada una regulaciĆ³n tan restrictiva y piden al Gobierno que se siente a dialogar. Desde la patronal proponen crear una mesa tĆ©cnica para revisar los requisitos de eficiencia y renovables, y admiten margen de negociaciĆ³n en algunos puntos, pero marcan lĆneas rojas en la combinaciĆ³n de adicionalidad y correlaciĆ³n horaria.
La posibilidad de que parte de la inversiĆ³n migre a Portugal, Francia o Italia es otro de los argumentos que esgrimen los empresarios. Ā«EspaƱa no compite consigo mismaĀ», avisa Emilio DĆaz, Ā«si una inversiĆ³n deja de cuadrar aquĆ, puede hacerse en otro paĆsĀ». La incertidumbre generada por el decreto, estĆ” pasando factura ya antes de que entre en vigor, porque las empresas comparan las condiciones regulatorias de cada territorio antes de comprometer capital.
Por Ćŗltimo, el sector advierte del coste de oportunidad para la creaciĆ³n de empleo. SpainDC calcula que la normativa podrĆa poner en riesgo 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y que la gigafactorĆa de inteligencia artificial que EspaƱa quiere abanderar ante Europa no cumplirĆa con los requisitos que exige el propio decreto. Una contradicciĆ³n que, segĆŗn BegoƱa VillacĆs, demuestra que la propuesta estratĆ©gica choca con la realidad del sector.
