Just Eat y Glovo se encuentran en el centro de una polémica que pone en jaque el sector del reparto a domicilio en España. La disputa surge tras la denuncia interpuesta por Just Eat contra Glovo, alegando prácticas de competencia desleal debido al uso prolongado por parte de esta última de repartidores bajo la figura de falsos autónomos. Este conflicto no solo aborda cuestiones económicas, sino que también aviva el debate sobre los derechos laborales en este tipo de plataformas.
La demanda, presentada el pasado 29 de noviembre en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, exige una compensación de 295 millones de euros por daños y perjuicios. Según Just Eat, la estrategia de Glovo de recurrir a falsos autónomos le habría permitido ahorrar más de 645 millones de euros en costos laborales, otorgándole una ventaja competitiva injusta frente a competidores que han cumplido con la legislación laboral vigente.
El cambio de rumbo de Glovo
El caso dio un giro inesperado cuando, apenas tres días después de la denuncia, Glovo anunció que abandonará el modelo de falsos autónomos y comenzará a contratar a sus repartidores como trabajadores en plantilla. Este movimiento representa un cambio radical en el modelo de negocio de la compañía y se aplica a todas las ciudades españolas donde opera, más de 900, y a todos los servicios ofrecidos a través de su plataforma.
La decisión de Glovo de adaptarse a un modelo 100% laboral no es casual. Llega un día antes de la comparecencia de su CEO, Óscar Pierre, en los juzgados de Barcelona. Pierre está imputado en un caso penal por presunto delito contra los derechos de los trabajadores, un asunto que ha generado gran expectación en el ámbito jurídico y empresarial.
Just Eat y su postura frente a la Ley Rider
Desde la entrada en vigor de la Ley Rider en 2021, Just Eat ha destacado por su cumplimiento estricto de la normativa. La compañía no solo adaptó su modelo de negocio para garantizar que todos sus repartidores fueran contratados como empleados, sino que además fue pionera en firmar un convenio colectivo con los principales sindicatos del país. Este esfuerzo por cumplir con la legislación ha supuesto altos costes operativos para Just Eat, colocando a la empresa en una situación de desventaja frente a competidores que han continuado utilizando modelos basados en falsos autónomos.
En su comunicado tras presentar la demanda contra Glovo, Just Eat afirmó que “numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral”. Según la empresa, este modelo no solo afecta directamente a los derechos de los trabajadores, sino que también impacta de forma negativa en la competencia del sector.
Repercusiones económicas y legales para Glovo
La transición de Glovo a un modelo laboral no está exenta de retos. La compañía, propiedad del gigante alemán Delivery Hero, ha acumulado multas y sanciones relacionadas con su modelo de falsos autónomos que superan los 200 millones de euros. Según informes recientes, Delivery Hero ha provisionado hasta 400 millones de euros para enfrentar posibles multas y cargos adicionales en Europa.
Además, Glovo ha asegurado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para garantizar un proceso de transición laboral consensuado. Este foro estará abierto no solo a los trabajadores de Glovo, sino también a otros operadores del sector que deseen adaptarse a la legislación vigente.
Por otro lado, este caso ha encendido los focos sobre la falta de acción de algunas plataformas para ajustarse a normativas laborales. Mientras empresas rivales como Uber Eats optaron por modelos híbridos y otras, como Deliveroo, abandonaron el mercado español, Glovo continuó operando bajo un esquema que ahora deberá abandonar de forma definitiva.
La perspectiva de los trabajadores y el impacto en el sector
El colectivo de repartidores, representado por sindicatos y asociaciones como RidersxDerechos, ha mostrado cautela ante los anuncios de Glovo. Aunque celebran el cambio, exigen garantías de transparencia en los algoritmos, la regularización de trabajadores migrantes y el respeto a los derechos de unión sindical. Además, algunos colectivos han señalado que este cambio llega demasiado tarde y tras años de precarización laboral.
Desde el gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este giro como una victoria para los derechos laborales en España, señalando que “ninguna empresa está por encima de la ley”. Este cambio representa un hito importante en la implementación de la Ley Rider, aunque deja interrogantes sobre cómo afectará al sector en su conjunto.
La controversia entre Just Eat y Glovo ilustra los desafíos de operar en un mercado altamente competitivo, al tiempo que subraya la necesidad de conciliar innovación tecnológica con respeto a los derechos laborales. Ahora, el foco estará puesto en cómo ambas empresas gestionarán las implicaciones legales y operativas de este enfrentamiento, que sin duda marcará un antes y un después en el sector del delivery en España.