El Gobierno español ha decidido poner orden en el acelerado despliegue de centros de datos que vive el paĂs. La avalancha de proyectos anunciados, que multiplica por tres las previsiones oficiales, ha llevado al Ejecutivo a impulsar un real decreto que establecerĂ¡ requisitos muy exigentes de sostenibilidad energĂ©tica, eficiencia hĂdrica y soberanĂa digital. La norma, que ya ha iniciado su trĂ¡mite de audiencia pĂºblica por la vĂa de urgencia, pretende que solo los proyectos mejor diseñados y con menor impacto ambiental consigan finalmente conectarse a la red elĂ©ctrica.
La iniciativa, desarrollada por los Ministerios para la TransiciĂ³n EcolĂ³gica, EconomĂa y TransformaciĂ³n Digital, responde al mandato del Real Decreto-ley 7/2026 y busca anticiparse a los problemas que el boom de los data centers ha causado en paĂses como Irlanda, PaĂses Bajos o Estados Unidos, donde se han disparado los precios de la electricidad y se han generado desequilibrios en la red. Con esta regulaciĂ³n, España pretende seleccionar los mejores proyectos, aquellos que aporten mĂ¡s beneficios con el menor coste ambiental y territorial.
Requisitos de sostenibilidad energética y ambiental
La propuesta normativa establece que los centros de datos con una potencia superior a 1 megavatio (MW) deberĂ¡n cumplir con los niveles mĂ¡s altos de eficiencia energĂ©tica e hĂdrica del etiquetado europeo, que actualmente estĂ¡ desarrollando la ComisiĂ³n Europea y cuya entrada en vigor estĂ¡ prevista para agosto de 2027. Hasta entonces, se fijan los mismos estĂ¡ndares recogidos en el borrador del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, que exigen la categorĂa A tanto en eficiencia energĂ©tica como en consumo de agua.
Una de las medidas mĂ¡s destacadas es la obligaciĂ³n de que el 80% del consumo elĂ©ctrico de cada centro de datos provenga de energĂas renovables de nueva implantaciĂ³n. Esto significa que cada nuevo megavatio consumido deberĂ¡ ir acompañado de un megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha de la instalaciĂ³n, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos de compraventa de energĂa a largo plazo (PPA). AdemĂ¡s, este abastecimiento deberĂ¡ acreditarse hora a hora, es decir, que en cada hora de funcionamiento al menos el 80% de la electricidad consumida deberĂ¡ ser renovable generada en ese mismo periodo.
El objetivo de esta exigencia es evitar que el incremento de la demanda elĂ©ctrica impulse el uso de gas natural para generaciĂ³n elĂ©ctrica si las renovables no crecen de forma proporcional. SegĂºn fuentes gubernamentales, de producirse ese escenario se producirĂa un aumento de los costes elĂ©ctricos para el conjunto de los consumidores, tal como estĂ¡ ocurriendo en otros paĂses. Con esta medida, el Gobierno tambiĂ©n busca que los centros de datos no se conviertan en un sumidero de la capacidad renovable existente, sino que contribuyan a la creaciĂ³n de nueva generaciĂ³n verde.
SoberanĂa digital y resiliencia
El proyecto de real decreto tambiĂ©n incorpora requisitos vinculados a la resiliencia y la soberanĂa digital. Los operadores de los centros de datos deberĂ¡n estar establecidos en la UniĂ³n Europea, y los datos, metadatos y registros que traten como parte de la operaciĂ³n del centro deberĂ¡n permanecer en territorio comunitario. AdemĂ¡s, se reforzarĂ¡ el control sobre los accesos desde terceros paĂses, y las instalaciones que alojen informaciĂ³n de las administraciones pĂºblicas o que puedan afectar a la seguridad nacional no podrĂ¡n suministrar dichos datos a terceros paĂses.
El Ministerio de TransformaciĂ³n Digital y FunciĂ³n PĂºblica serĂ¡ el encargado de comprobar el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneraciĂ³n puede derivar, en Ăºltima instancia, en la pĂ©rdida de los derechos de acceso y conexiĂ³n a la red elĂ©ctrica. Todos los centros de datos, a partir de un determinado umbral, deberĂ¡n presentar una declaraciĂ³n responsable de que van a cumplir con estos criterios de soberanĂa digital.
Acceso condicionado a la red eléctrica
Los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red elĂ©ctrica deberĂ¡n acreditar el cumplimiento de todos estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexiĂ³n. El incumplimiento de las obligaciones supondrĂ¡ penalizaciones crecientes en los importes que correspondan en cargos y peajes y, en Ăºltima instancia, la pĂ©rdida del propio derecho de acceso. Con estos recargos se compensarĂ¡ el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlaciĂ³n horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y, por tanto, sobre las facturas de electricidad.
Los proyectos que ya se encuentran en tramitaciĂ³n tendrĂ¡n seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento, o tres meses si estĂ¡n a la espera de la celebraciĂ³n de un concurso de acceso a la red elĂ©ctrica. En caso de que las nuevas exigencias hagan inviables algunos desarrollos, tambiĂ©n se contemplan clĂ¡usulas de salida que permitirĂan renunciar a los derechos de acceso y conexiĂ³n sin que se ejecuten las correspondientes garantĂas.
PublicaciĂ³n de informaciĂ³n y transparencia
Adicionalmente, todos los centros de datos mayores de 500 kilovatios (kW) deberĂ¡n remitir al Ministerio para la TransiciĂ³n EcolĂ³gica los datos relativos a su eficiencia energĂ©tica y su sostenibilidad, de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, para su publicaciĂ³n con carĂ¡cter anual. Los mayores de 1 MW, ademĂ¡s, deberĂ¡n incluir si cumplen las mejores prĂ¡cticas de la versiĂ³n mĂ¡s reciente del cĂ³digo de conducta europeo sobre eficiencia energĂ©tica de los centros de datos y de quĂ© manera lo hacen.
La industria del sector ha mostrado su preocupaciĂ³n ante algunas de las medidas propuestas. SpainDC, la patronal de los centros de datos, ha señalado que comparte los objetivos de sostenibilidad y soberanĂa digital, pero advierte de que la regulaciĂ³n debe ser proporcionada y alineada con el marco europeo para evitar que España se convierta en uno de los mercados mĂ¡s difĂciles para desarrollar infraestructura digital. Ametic, por su parte, ha pedido que se eviten fragmentaciones en el mercado Ăºnico digital.
El Gobierno, por su parte, defiende que la medida no supone una moratoria ni un freno a las inversiones, sino todo lo contrario. España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial que estima unos 2,5 GW de potencia de computaciĂ³n en 2030, que necesitarĂan de 3,5 GW a 4 GW de demanda elĂ©ctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan varias veces ese objetivo, habiĂ©ndose otorgado mĂ¡s de 12 GW de derechos de acceso y conexiĂ³n a la red elĂ©ctrica desde 2021. Con esta regulaciĂ³n, el Ejecutivo pretende asegurar que los proyectos que finalmente se materialicen sean los mĂ¡s eficientes y sostenibles, contribuyendo a la digitalizaciĂ³n de la economĂa y a la soberanĂa digital de la UE.
El periodo de alegaciones estarĂ¡ abierto hasta el 4 de septiembre, y el Gobierno tiene previsto acelerar la aprobaciĂ³n del real decreto antes de que acabe el año. La nueva planificaciĂ³n de la red elĂ©ctrica con horizonte 2030, actualmente en fase de estudios, serĂ¡ clave para determinar quĂ© proyectos de centros de datos consigan finalmente conectarse a la red y cuĂ¡les quedan fuera del sistema.
