Australia vuelve a situarse a la vanguardia mundial en la regulación de las plataformas digitales con un proyecto de ley que, si sale adelante, permitirá a los usuarios decidir si quieren recibir contenido personalizado por algoritmos o prefieren un feed cronológico con las publicaciones de las cuentas que siguen. La iniciativa, bautizada como ‘My Feed, My Way’, forma parte de la ‘Digital Duty of Care’, un paquete normativo que el Gobierno laborista prevé presentar en el Parlamento durante este año y que ya ha encendido el debate político y social en el país oceánico.
La propuesta, anunciada por la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, obligará a redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube a ofrecer una opción clara para desactivar las recomendaciones automáticas. El incumplimiento de estas nuevas obligaciones podría acarrear sanciones económicas de hasta 109,2 millones de dólares australianos (cerca de 67,7 millones de euros), una cifra que busca disuadir a las grandes tecnológicas de hacer oídos sordos a la normativa.
Qué propone exactamente la nueva ley
La ‘Digital Duty of Care’ establece que las plataformas deberán mostrar a los usuarios, tanto nuevos como existentes, una notificación emergente para que elijan entre dos modalidades de visualización: el contenido seleccionado por algoritmos según su perfil e historial, o un feed exclusivamente cronológico con las publicaciones de los amigos, creadores y cuentas que cada persona haya decidido seguir. La elección deberá ser respetada y el usuario podrá cambiar de opinión en cualquier momento, según explicó la propia ministra Wells en una entrevista con ABC News.
Sin embargo, la medida no elimina por completo los algoritmos de las plataformas. Se centra únicamente en las recomendaciones personalizadas del feed predeterminado, de modo que los usuarios que prefieran descubrir contenido nuevo a través de las sugerencias automáticas podrán mantener esa opción activada. Lo que se busca es ofrecer una alternativa real y accesible para quienes deseen un control más directo sobre lo que ven.
El Gobierno aún no ha concretado si la opción sin algoritmos estará activada por defecto (modelo ‘opt-in’) o si el usuario deberá solicitarla expresamente (modelo ‘opt-out’). La activista Chanel Contos, referente en campañas sobre consentimiento, ha defendido que los algoritmos deberían estar desactivados por defecto para evitar que las empresas dificulten la elección y para proteger a los menores de contenidos nocivos como los discursos misóginos de la conocida como ‘manosphere’.
Un alcance que va más allá de las redes sociales
La nueva legislación no se limita a las redes sociales. El proyecto pretende ampliar la protección a videojuegos, aplicaciones de mensajería, plataformas de streaming y chatbots basados en inteligencia artificial, sectores que hasta ahora han operado con escasas obligaciones en materia de seguridad para los usuarios. Las empresas deberán identificar riesgos en sus servicios, adoptar medidas para mitigarlos y diseñar sus productos incorporando criterios de seguridad desde el inicio.
Para los menores de 18 años, la normativa añade una capa extra de protección frente a contenido que promueva trastornos alimentarios, pornografía, hostilidad hacia las mujeres, glorificación de delitos o desafíos peligrosos, acoso y otras causas de sufrimiento psicológico grave. La eSafety Commissioner, el regulador australiano de seguridad en Internet, podrá utilizar perfiles encubiertos para supervisar qué tipo de contenido reciben los niños y adolescentes en las plataformas, una medida que busca garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
El debate político: entre la protección y la censura
El proyecto ya ha generado un intenso debate en el Parlamento australiano. Mientras el primer ministro, Anthony Albanese, defiende que ‘no se trata de dar control al gobierno, sino de dar el control a la gente’, la oposición conservadora muestra sus reservas. El líder liberal Angus Taylor ha admitido que es ‘muy escéptico’ y teme que la propuesta pueda convertirse en un intento de censurar las redes sociales, aunque precisó que aún no ha visto el texto definitivo.
Por su parte, el partido ecologista Australian Greens impulsa una postura más dura: la senadora Sarah Hanson-Young propone que los usuarios deban activar expresamente los algoritmos en lugar de recibirlos por defecto, argumentando que el modelo de elección neutral planteado por el Gobierno no garantiza que las plataformas no sigan manipulando la experiencia del usuario.
Las grandes tecnológicas, a través de la asociación DIGI que representa a Meta, Google y Snap, han mostrado un apoyo general a que los usuarios tengan un mayor control sobre lo que ven, aunque subrayan la necesidad de considerar los riesgos de seguridad que podría implicar una desactivación masiva de los sistemas de recomendación.
La prohibición a menores de 16 años: un precedente imperfecto
Esta nueva iniciativa llega después de que Australia hiciera historia en diciembre de 2025 al aprobar la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, una medida pionera a nivel mundial. Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido imperfecta: según varios medios locales, la mayoría de los menores que usaban redes sociales antes de la norma continúa accediendo a ellas y, hasta el momento, ninguna plataforma ha sido multada, aunque las investigaciones apuntan a que el incumplimiento es generalizado.
La ministra Wells ha reconocido estas dificultades, pero defiende que la prohibición busca ‘establecer un estándar, crear una cultura y empoderar a los padres australianos para que tengan esas conversaciones’. La nueva legislación pretende precisamente reforzar la capacidad sancionatoria del Estado y ampliar el margen de elección del usuario, respondiendo así a las críticas sobre la ineficacia de las medidas anteriores.
El Gobierno prevé cerrar el periodo de consultas públicas y presentar el texto definitivo en el Parlamento durante este año. Si se aprueba, Australia sumará una nueva capa regulatoria sobre las grandes plataformas en un momento de fuerte presión internacional para limitar los efectos de los sistemas automáticos de recomendación, especialmente entre los usuarios más jóvenes.
Este movimiento legislativo no solo marca un precedente para otros países, sino que también plantea preguntas clave sobre el equilibrio entre la libertad de elección del usuario, la responsabilidad de las plataformas y el papel del Estado en la regulación del ecosistema digital. El mundo observa atentamente cómo Australia, nuevamente, intenta domesticar a los gigantes tecnológicos.
