A partir de 2026, la forma en la que Hacienda vigila tarjetas, Bizum y cuentas bancarias va a cambiar de arriba abajo. La Agencia Tributaria estrenará un sistema de información financiera mucho más detallado, que afectará de lleno a autónomos y empresas y, en menor medida, a los ciudadanos de a pie.
El nuevo modelo pone el foco en los pagos digitales y en la actividad económica que se esconde tras ellos. Desaparece el histórico límite de 3.000 euros y se pasa a un esquema de comunicación masiva y periódica de datos por parte de bancos y entidades de pago, impulsado por el Real Decreto 253/2025 y la reforma del Reglamento de Inspección Tributaria.
Adiós al límite de 3.000 euros: todas las operaciones cuentan
Hasta ahora, las entidades financieras solo estaban obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria determinados movimientos relevantes, principalmente cobros con tarjeta que superasen los 3.000 euros. Ese umbral desaparece: desde enero de 2026, cada ingreso con tarjeta ligado a una actividad económica deberá ser reportado, sea del importe que sea.
La eliminación de este límite responde a la intención de evitar que pequeñas operaciones comerciales queden fuera del radar. Muchos negocios y profesionales fraccionaban cobros o trabajaban con importes reducidos que, aunque frecuentes, no aparecían en los informes que recibía Hacienda. Con el nuevo sistema, la clave ya no es la cuantía aislada de cada pago, sino el conjunto de movimientos que se generan mes a mes.
Esta nueva obligación de información se aplica a tarjetas físicas, tarjetas virtuales, pagos con débito, crédito y dinero electrónico. Además, se equiparan a estos sistemas otras formas de cobro digital, de modo que las entidades de pago y las de dinero electrónico también deberán notificar los abonos y cargos vinculados a sus productos.
En la práctica, operaciones que antes pasaban completamente desapercibidas —como un pago de 50, 200 o 500 euros en una TPV o a través del móvil— pasarán a formar parte de los reportes periódicos que los bancos envían a la Agencia Tributaria. No significa que cada una vaya a ser analizada al detalle, pero sí quedarán integradas en una base de datos mucho más amplia.
Bizum y cobros móviles: del uso informal al control sistemático
Bizum y otros servicios similares se han hecho un hueco enorme en el día a día de los españoles. Millones de usuarios pagan ya con el móvil en comercios, reparten gastos entre amigos o envían dinero con un par de toques, lo que ha convertido a este tipo de plataformas en una pieza central del sistema de pagos.
Ese éxito ha llevado a Hacienda a cambiar de enfoque. A partir de 2026, Bizum se integrará plenamente en el circuito de información oficial. Los pagos que hasta ahora podían parecer «informales» o poco visibles pasarán a ser tratados como cualquier cobro con tarjeta a efectos de supervisión cuando estén asociados a actividades profesionales o empresariales.
De esta forma, todas las transferencias realizadas mediante Bizum que correspondan a una actividad económica deberán ser comunicadas mensualmente. Lo mismo sucederá con los cobros gestionados a través de apps financieras y neobancos como Revolut, Wise o N26, siempre que operen como medios de pago para autónomos y empresas.
En el caso de los pagos entre particulares, el tratamiento es distinto: los Bizum privados y transferencias personales no se incluyen en los reportes profesionales, salvo que se identifiquen patrones propios de actividad económica o de otras operaciones sujetas a tributación, como donaciones encadenadas.
La Agencia Tributaria no pretende controlar uno a uno los envíos que se hacen para pagar una cena, compartir un regalo o ajustar cuentas entre amigos. El foco está en usos recurrentes, de importe relevante o con una clara apariencia de negocio encubierto: alquileres sin declarar, servicios continuados, ventas frecuentes o actividades profesionales no dadas de alta.
Control mensual: qué tendrán que reportar bancos y entidades de pago
Uno de los cambios más relevantes es la frecuencia con la que los bancos enviarán la información a Hacienda. Lo que antes se comunicaba una vez al año, pasará a realizarse todos los meses, generando un flujo constante de datos financieros sobre la actividad de autónomos y empresas.
A partir de febrero de 2026, las entidades tendrán que remitir a la Agencia Tributaria la primera remesa mensual con los datos correspondientes a enero. Desde ese momento, el esquema será estable: cada mes se comunicarán los cobros recibidos a través de tarjetas y sistemas de pago móvil asociados a negocios.
En esos envíos periódicos, los bancos y proveedores de servicios de pago deberán detallar información como la identidad del receptor, el número de comercio, los terminales utilizados, los importes totales cobrados y las cuentas bancarias implicadas. Con ello, el fisco dispondrá de una «radiografía» bastante precisa de cómo ingresan dinero autónomos y empresas.
Además del carácter mensual de estos reportes, la reforma introduce otros modelos informativos específicos para ordenar el flujo de datos. Entre ellos destaca el modelo 170, de periodicidad mensual, mediante el cual las entidades comunicarán los ingresos percibidos mediante tarjeta o Bizum por parte de profesionales y empresarios.
Este esquema permitirá a Hacienda cruzar rápidamente los importes declarados en IVA, IRPF y otros tributos con los movimientos reales que pasan por las cuentas y terminales de pago. Si las cifras no cuadran o se aprecian desajustes llamativos, la Agencia Tributaria podrá iniciar comprobaciones con mucha más agilidad que en el sistema anterior.
Nuevos modelos informativos y ajustes para los autónomos
El refuerzo del control digital no solo se basa en más datos, sino en nuevos formularios y obligaciones declarativas que afectan especialmente a los trabajadores por cuenta propia. Para canalizar la información, Hacienda ha definido cuatro modelos clave que conectan lo que declaran las entidades financieras con lo que declaran los contribuyentes.
Por un lado, el ya mencionado modelo 170 será el eje mensual para que los bancos informen de ingresos generados por Bizum y tarjeta vinculados a actividades económicas. Junto a él, se crea o refuerza el modelo 174, de carácter anual, destinado a recoger las operaciones con tarjeta cuyo volumen anual supere los 25.000 euros, centrándose en los medios de pago con mayor movimiento.
Se mantiene, además, el modelo 181, que recoge información sobre préstamos y operaciones inmobiliarias, y el modelo 196, que obligará a remitir de forma mensual los datos sobre la apertura de cuentas bancarias y, de manera anual, los saldos y movimientos más relevantes de las mismas.
Para los autónomos, esto se traducirá en la necesidad de tener muy ordenados sus cobros y su facturación electrónica. Cada ingreso que llegue mediante Bizum o tarjeta deberá estar respaldado por una factura donde consten el nombre o razón social del cliente, su NIF, el concepto del servicio o producto, el IVA aplicable y, cuando proceda, las retenciones de IRPF.
Esos importes, a su vez, deberán reflejarse correctamente en los modelos trimestrales de IVA (303) y de pagos fraccionados de IRPF (130), así como en los resúmenes anuales correspondientes (modelos 390 y 100, entre otros). La falta de coherencia entre lo que informan los bancos y lo que declara el profesional puede dar lugar a requerimientos y sanciones.
Más vigilancia sobre cuentas bancarias y tarjetas de particulares
Aunque el núcleo del cambio se centra en actividades económicas, los particulares también quedan afectados por la nueva estructura de información financiera. No se trata de un control exhaustivo de cada movimiento diario, pero sí de una mayor visibilidad sobre cuentas y tarjetas con mucha actividad.
Desde febrero de 2026, las entidades bancarias estarán obligadas a comunicar mensualmente a Hacienda todas las cuentas abiertas en España, tanto de particulares como de empresas. Da igual que se trate de cuentas corrientes, de ahorro, de crédito o de pago; la Agencia Tributaria recibirá un listado actualizado de altas y cierres.
En cuanto a los movimientos con tarjeta de los ciudadanos, el sistema será diferente al de autónomos y empresas. Hacienda recibirá un informe anual con todos los cargos, abonos, recargas, retiradas de efectivo y pagos realizados con las tarjetas de cada contribuyente.
Eso sí, esta obligación solo se aplicará cuando el volumen total de operaciones anuales —sumando ingresos y gastos— supere los 25.000 euros. La idea es concentrar recursos en las tarjetas con mayor nivel de uso económico, evitando saturar el sistema con tarjetas de uso muy limitado o exclusivamente doméstico.
Los primeros datos bajo este esquema llegarán a la Agencia Tributaria a comienzos de 2027, cuando los bancos remitan la información correspondiente a los movimientos de todo el ejercicio 2026. A partir de ahí, se abre la puerta a comparar el nivel de vida que reflejan las tarjetas con los ingresos que cada contribuyente declara en su IRPF.
Donaciones, ayudas familiares y envíos entre amigos: qué mira Hacienda
Una de las grandes dudas de muchos usuarios tiene que ver con las pequeñas ayudas económicas entre familiares o amigos. Enviar dinero a un hijo que estudia fuera, apoyar a un familiar con un gasto imprevisto o compartir gastos a través de Bizum seguirá siendo posible como hasta ahora: la normativa no impone límites técnicos a estas operaciones.
Lo que cambia es que, al estar integrados en un sistema de información más amplio, estos movimientos pueden ser detectados si se repiten con frecuencia, alcanzan importes significativos o presentan un patrón poco compatible con un uso estrictamente personal. En particular, las donaciones de cierta entidad están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Desde la óptica fiscal, donar no es ilegal; lo que puede generar problemas es no declararlo. La normativa establece que las donaciones deben figurar en la declaración correspondiente, aunque en muchas comunidades autónomas existan importantes bonificaciones entre familiares directos que dejan la cuota a cero en la práctica.
Hacienda podrá prestar especial atención a los casos en los que una persona recibe de forma recurrente ingresos por Bizum o transferencias que no encajan con su perfil de ingresos declarados. Si el contribuyente no puede justificar satisfactoriamente el origen de esos fondos, la Administración podría calificarlos como donaciones no declaradas o como ingresos derivados de una actividad económica oculta.
El objetivo declarado de la reforma no es controlar si alguien paga las entradas del cine a un amigo o si se devuelve un dinero prestado de forma puntual, sino detectar actividades e ingresos sistemáticos que no están pasando por la tributación correspondiente. Al ampliar el caudal de datos, la Agencia Tributaria aspira a localizar patrones anómalos más fácilmente.
Pagos digitales al detalle: qué información llegará a Hacienda
Con el nuevo sistema, la Agencia Tributaria tendrá acceso a un volumen sin precedentes de información financiera, especialmente sobre pagos electrónicos vinculados al teléfono móvil y a terminales físicos. Los informes enviados por bancos y entidades de pago deberán incluir distintos tipos de operaciones.
En el caso de los cobros asociados a empresas y autónomos, los reportes mensuales abarcarán todas las operaciones con tarjeta o Bizum sin ningún tipo de límite mínimo. A ello se suman otros movimientos vinculados a los dispositivos móviles, como determinadas recargas o retiradas de efectivo ligadas a apps de pago.
Los ciudadanos deben saber que, en general, los bancos trasladarán a Hacienda información sobre cobros, pagos, cargos asociados a servicios, recargas internas entre productos y retiradas de efectivo efectuadas a través del móvil. En el entorno profesional, cualquier ingreso generará un rastro con el que la Administración pública podrá contrastar la información tributaria.
Para las tarjetas de particulares, cuando superen el umbral de 25.000 euros de movimientos anuales, la información enviada incluirá listados de abonos, cargos, compras, recargas y extracciones de efectivo. Esta visión global ayuda a componer una imagen del nivel de gasto de cada contribuyente.
El refuerzo informativo también se extiende a las cuentas bancarias en sí mismas. Con el modelo 196, las entidades deberán comunicar mensualmente la apertura de cuentas y, una vez al año, detalles sobre saldos y determinados movimientos. Todo ello refuerza la capacidad de Hacienda para seguir el rastro del dinero dentro del sistema financiero.
Impacto práctico para autónomos, empresas y asesores
En el terreno práctico, los cambios suponen un aumento claro de la presión de control sobre los profesionales que cobran por tarjeta, Bizum u otros medios digitales. La Agencia Tributaria ya no dependerá tanto de las declaraciones voluntarias; dispondrá de datos externos muy completos para comparar.
Uno de los colectivos más vigilados será el de los autónomos que utilizan Bizum como forma habitual de cobro. Sectores como el comercio minorista, la hostelería o los servicios personales (clases particulares, reparaciones, cuidados…) han incorporado este medio como alternativa al efectivo, algo que ahora queda plenamente integrado en el circuito de supervisión.
Los asesores fiscales recomiendan de manera insistente separar con claridad la cuenta profesional de la cuenta personal. Mezclar cobros de clientes con movimientos privados en la misma cuenta o en el mismo Bizum puede generar confusión y dificultar la justificación ante una eventual revisión, ya que cada transferencia vinculada a la actividad debería poder identificarse.
Con el volumen de datos que Hacienda va a recibir, es previsible que aumenten las comprobaciones y requerimientos basados en diferencias entre lo que figura en las cuentas y lo que se declara en los modelos tributarios. Los profesionales que no lleven un registro ordenado se encontrarán con más dificultades para acreditar su situación.
Al mismo tiempo, la reforma obliga a las entidades financieras a procesar y enviar grandes cantidades de información de forma continuada, lo que puede implicar ajustes internos en sus sistemas tecnológicos y en sus procedimientos de cumplimiento normativo.
Una reforma pensada para el fraude fiscal digital
La expansión masiva de los pagos electrónicos ha dejado en segundo plano el uso del efectivo. En España, pagar con tarjeta, móvil o reloj se ha convertido en algo cotidiano, tanto en grandes comercios como en pequeños negocios. Plataformas como Bizum han reforzado esta tendencia, favoreciendo las transferencias inmediatas entre cuentas.
Este cambio de hábitos ha obligado al Gobierno a actualizar la normativa de control tributario al contexto digital y a las nuevas reglas de ecommerce en Europa. El Real Decreto aprobado el 1 de abril adapta el Reglamento de la Inspección Tributaria a un escenario en el que casi todas las operaciones dejan rastro y pueden analizarse de forma automatizada.
Con los datos mensuales de tarjetas, Bizum y cuentas, la Agencia Tributaria contará con un mapa mucho más completo y actualizado de los flujos de dinero. El objetivo prioritario es reforzar la lucha contra el fraude, detectar actividades no declaradas y reducir el margen para que parte de la economía se mantenga en la sombra.
No faltan voces críticas que alertan sobre el impacto de estas medidas en la privacidad. Al tener acceso a miles de pequeñas transacciones, muchas de escasa relevancia económica, la Administración puede llegar a conocer con bastante precisión los hábitos de gasto de una persona. Algunos expertos temen que este nivel de detalle pueda considerarse una injerencia excesiva en la vida privada.
Por su parte, el Gobierno defiende que el sistema prioriza las operaciones con mayor volumen y aquellas ligadas a actividades económicas, y que el refuerzo de la transparencia contribuirá a una recaudación más justa y a una competencia leal entre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y quienes no lo hacen.
La nueva normativa dibuja un escenario en el que los pagos digitales, las tarjetas y Bizum quedarán bajo un escrutinio mucho más fino, especialmente cuando se utilicen para generar ingresos. Para empresas, autónomos y ciudadanos será cada vez más importante asegurarse de que lo que pasa por sus cuentas y dispositivos coincide con lo que declaran ante Hacienda, porque el margen para que esa diferencia pase desapercibida será cada vez menor.
