Apple se ha visto obligada a sentarse en el banquillo de los tribunales londinenses. Una demanda colectiva de 2.000 millones de libras (cerca de 2.700 millones de dólares) ha sido presentada en su contra por un grupo de desarrolladores de aplicaciones que la acusan de aplicar sus polÃticas de rastreo con un doble rasero. La acción, liderada por la exresponsable de competencia Ann Pope, ha convertido el Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido en el escenario de un pulso que podrÃa cambiar las reglas del juego en la publicidad móvil.
El detonante no es otro que la conocida función ‘Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones’ (ATT), lanzada por la compañÃa en 2021 para dar a los usuarios más control sobre sus datos. Sin embargo, los demandantes sostienen que esa herramienta ha sido utilizada para poner trabas a los desarrolladores externos mientras que los servicios publicitarios de la propia Apple han disfrutado de un trato privilegiado. Un desequilibrio que, según los afectados, les ha costado pérdidas millonarias.
Las claves de la acusación
El caso se apoya en un régimen legal particular: la modalidad ‘opt-out’. Esto significa que todos los desarrolladores que cumplan los requisitos están incluidos automáticamente en la demanda, a menos que decidan excluirse. AsÃ, miles de pequeñas y medianas empresas que nunca se habrÃan atrevido a litigar por su cuenta se convierten en una fuerza colectiva con voz propia. La exfuncionaria Ann Pope, que ahora dirige la acción, insiste en que la polÃtica de Apple ‘ha causado un perjuicio muy significativo’ a las empresas que dependen de la compañÃa como guardiana de acceso.
Desde la perspectiva legal, el argumento no cuestiona el derecho de los usuarios a controlar su privacidad. Lo que pone en tela de juicio es la aplicación selectiva de esas reglas. Mientras que ATT exige un consentimiento explÃcito para que terceros rastreen la actividad del usuario, el negocio publicitario de Apple puede recopilar datos comparables sin pasar por esa misma fricción. Para un anunciante externo, eso se traduce en una atribución mucho más difÃcil y en un coste por venta más elevado.
No es la primera vez que Apple se enfrenta a este tipo de acusaciones. Francia ya impuso una multa de 150 millones de euros en 2025 por la implementación de ATT, mientras que Italia sancionó a la empresa en diciembre con más de 98,6 millones. Alemania, por su parte, obligó el mes pasado a la compañÃa a rediseñar las ventanas de consentimiento, y Polonia mantiene abierta una investigación. Todos estos casos apuntan a un patrón que ahora llega a Londres.
Antecedentes en Europa
El escrutinio europeo ha sido clave para dar forma a esta demanda. La autoridad alemana de competencia, por ejemplo, determinó el pasado agosto que los diálogos de ATT estaban diseñados para favorecer los servicios propios de Apple frente a los de terceros. Esta conclusión llevó a la compañÃa a modificar sus prácticas en la Unión Europea, un cambio que los demandantes en Reino Unido quieren extender también a este paÃs a través de la vÃa judicial.
Apple, por su parte, mantiene su discurso habitual. La empresa asegura que ATT ofrece ‘importantes protecciones de privacidad’ y que ella misma cumple con las mismas normas que exige a los demás desarrolladores. Sin embargo, los reguladores europeos no han aceptado ese argumento en varias ocasiones, lo que alimenta la sospecha de que la compañÃa ha utilizado la privacidad como excusa para limitar la competencia en el mercado publicitario.
El proceso aún está en una fase preliminar. Antes de que el caso avance, el tribunal debe certificar la acción colectiva, un paso que determinará si la clase de desarrolladores está bien definida y si el método de cálculo de daños es válido. Apple impugnará esta certificación, por lo que no se espera una resolución rápida. De hecho, otros casos similares que han llegado a este tribunal, como el relacionado con iCloud, tienen citas previstas para finales de 2028.
El impacto de esta demanda va más allá de las fronteras británicas. Si el tribunal británico da la razón a los desarrolladores, podrÃa sentar un precedente para otras jurisdicciones que siguen de cerca la evolución de este caso. Además, la llegada de John Ternus como nuevo CEO de Apple añade un elemento de incertidumbre: el nuevo CEO, que ha tomado el relevo de Tim Cook, tendrá que gestionar este contencioso en un momento en que la empresa busca mantener su posición de dominio en el sector telefónico.
La acción colectiva se ha presentado en paralelo a otros frentes abiertos por Apple. La disputa con Epic Games, que ya se ha prolongado durante seis años, y la condena del año pasado por cobrar de más a los desarrolladores en la App Store son solo algunos ejemplos. Mientras tanto, Google ha preferido evitar este tipo de batallas legales al llegar a un acuerdo de 260 millones de libras en su propia demanda por comisiones de la Play Store, una opción que Apple no parece dispuesta a considerar.
La demanda contra Apple en Reino Unido no solo pone en cuestión sus polÃticas de rastreo, sino que también evidencia un cambio de tendencia: las autoridades de competencia europeas están uniendo fuerzas y los desarrolladores encuentran ahora una vÃa para reclamar lo que consideran un trato injusto. El desenlace de este caso podrÃa redefinir el equilibrio de poder en la publicidad móvil y establecer lÃmites más claros para las plataformas digitales. Mientras tanto, la compañÃa de Cupertino deberá defender su postura en un tribunal que ya ha demostrado estar dispuesto a examinar estas prácticas con lupa.