La destrucción de mercancía perecedera en Santa Cruz se ha convertido en una de las herramientas clave de la Aduana para cortar de raíz la entrada y circulación de productos que no cumplen la normativa. En un reciente operativo desarrollado en depósitos privados, la institución volvió a poner el foco en la protección de la salud pública y en el control del comercio exterior.
En esta ocasión, la actuación se llevó a cabo en los almacenes de la Almacenera Boliviana ALBO S.A., en Santa Cruz de la Sierra, donde se procedió a la inutilización de diferentes productos perecederos que no podían destinarse ni al consumo ni a la venta. La operación formó parte de los controles permanentes que la Aduana realiza en todo el territorio nacional para evitar que mercancías irregulares acaben en el mercado.
Operativo de inutilización en depósitos de ALBO S.A.
La Aduana Nacional, por medio de su Gerencia Regional de Santa Cruz, participó de forma directa en el acto de inutilización de la mercancía almacenada en ALBO S.A., cumpliendo con todos los pasos previstos en la normativa. La medida se centró en productos perecederos que ya no podían garantizar condiciones adecuadas de inocuidad ni trazabilidad.
Este procedimiento se activó a partir de un Auto Administrativo de Inutilización, documento que autoriza formalmente la destrucción de las mercancías y que se tramita conforme a la reglamentación interna de la entidad. Sobre esta base se articula todo el proceso, desde la convocatoria de instituciones hasta el registro documental de cada fase.
En el marco de este operativo, se buscó asegurar que ningún producto en mal estado o sin los requisitos aduaneros y sanitarios pudiera regresar a los circuitos formales o informales de comercialización. La inutilización se realizó bajo supervisión institucional para evitar cualquier tipo de manipulación indebida o desvío de los bienes.
La presencia de la Gerencia Regional en el lugar permitió verificar sobre el terreno que la eliminación de la mercancía perecedera se hacía de forma ordenada, controlada y de acuerdo con los estándares exigidos, tanto en materia aduanera como en lo relativo a la protección de la salud de la ciudadanía.
Marco legal: Reglamento de Destrucción GNOA-REG-15
Todo el procedimiento estuvo respaldado por la Resolución de Directorio que aprueba el Reglamento de Destrucción GNOA-REG-15, versión 4, la norma interna que detalla cómo deben gestionarse los bienes que no pueden ser destinados al consumo o a la venta. Esta reglamentación fija criterios estrictos para asegurar que la destrucción de la mercancía sea segura y trazable.
Dentro de esta normativa, el artículo 27 cobra especial relevancia, ya que regula el control del acto de inutilización. Entre otros aspectos, establece que la Administración Aduanera debe convocar con al menos dos días de antelación a las instancias que deban participar en la destrucción, ya sea mediante notas formales o a través de correo electrónico.
Dichas comunicaciones se incorporan posteriormente a la carpeta o expediente de destrucción, donde se archiva toda la documentación de respaldo: autorizaciones, actas, informes de las entidades participantes y cualquier otro registro necesario para demostrar que el proceso se realizó conforme a la ley.
El Reglamento de Destrucción también prevé mecanismos de control para garantizar que la eliminación de productos perecederos se lleve a cabo con el debido cuidado ambiental, minimizando riesgos y ajustándose a las disposiciones complementarias que puedan requerir otras autoridades sectoriales.
Participación interinstitucional y control sanitario
La normativa obliga a que en este tipo de procedimientos se dé una participación obligatoria de entidades específicas, dependiendo del tipo de mercancía a inutilizar. En el caso de los productos perecederos, suelen involucrarse autoridades con competencia en salud, inocuidad alimentaria u otros ámbitos relacionados.
Este enfoque interinstitucional permite que, además del control aduanero, exista una verificación técnica del estado de los productos y de los riesgos que podría implicar su permanencia en el mercado. De esta forma, se evita que alimentos, bebidas u otros artículos perecederos que no reúnen las condiciones mínimas de calidad lleguen al consumidor final.
La presencia de diferentes organismos en el acto de inutilización, sumada a los registros documentales exigidos, refuerza la transparencia y la trazabilidad del proceso. Cada paso queda constancia en actas y reportes, lo que dificulta eventuales manipulaciones posteriores o intentos de desvío de la mercancía.
En contextos donde el comercio ilícito y el contrabando de productos alimenticios representan un problema recurrente, este tipo de coordinación entre instituciones se vuelve esencial para contener los riesgos sanitarios y proteger el correcto funcionamiento del mercado interno.
Lucha contra el contrabando y el comercio ilícito
La inutilización de la mercancía perecedera en Santa Cruz no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política más amplia de combate al contrabando y al comercio ilegal. En los últimos años, la Aduana Nacional ha incrementado los operativos de comiso, incautación y destrucción de mercancías que incumplen la normativa, incluyendo controles sobre pequeños paquetes.
Entre los productos más afectados por estas acciones se incluyen alimentos, bebidas, medicamentos y otros bienes perecederos que no cuentan con los registros sanitarios necesarios o que han ingresado al país por canales irregulares. Muchos de estos artículos representan un peligro para la salud, ya sea por su caducidad, su deficiente conservación o su origen desconocido.
Los reportes institucionales señalan que los comisos realizados han alcanzado valores de cientos de millones de bolivianos, una cifra que da una idea de la magnitud del comercio ilícito y de las pérdidas que este genera para el Estado y para los productores formales.
Al sacar de circulación mercancía perecedera ilegal o en mal estado mediante la destrucción controlada, la Aduana busca frenar el impacto económico negativo sobre la producción nacional y reducir el atractivo de las redes de contrabando que operan en zonas fronterizas y centros de distribución.
Protección de la salud y del mercado interno
Uno de los objetivos centrales de estos procesos de inutilización es la protección de la salud de la población. Los productos perecederos que han perdido la cadena de frío, que no cuentan con certificaciones sanitarias o que han superado su fecha de consumo preferente pueden convertirse en un foco de riesgo si llegan a manos de los consumidores.
Al destruir estos bienes bajo supervisión, la Aduana contribuye a evitar que mercancías potencialmente peligrosas se reintroduzcan de forma clandestina en el mercado, ya sea a través de pequeños comercios, ferias o canales de venta informal que suelen escapar a los controles habituales.
Además de la vertiente sanitaria, se protege también la competencia leal en el mercado interno. Los productos que ingresan de contrabando o que no cumplen con las normas evitan el pago de impuestos y requisitos legales, lo que genera una competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen con la regulación.
Al reforzar los controles y la destrucción de mercancía perecedera irregular, la Aduana busca crear un entorno más equilibrado para los productores y comerciantes que operan de manera formal, incluidos los que venden online, garantizando que todos jueguen bajo las mismas reglas y condiciones.
Transparencia, documentación y presencia en todo el país
Desde la institución se subraya que estas tareas de inutilización forman parte de las labores permanentes de control que se despliegan a nivel nacional. No se trata de actuaciones puntuales, sino de un trabajo constante de supervisión que abarca distintas regiones y tipos de mercancías.
Cada operativo se lleva a cabo bajo criterios de orden, documentación exhaustiva y transparencia. La elaboración de expedientes detallados, con copias de convocatorias, actas y registros fotográficos o técnicos, permite reconstruir en cualquier momento cómo se realizó la destrucción y qué mercancía fue afectada.
Esta forma de proceder refuerza el papel de la Aduana como garante de la legalidad en el comercio exterior, al mismo tiempo que facilita la rendición de cuentas ante otras autoridades del Estado y ante la ciudadanía, que exige un uso responsable de los recursos y una gestión rigurosa de los bienes incautados.
Con actuaciones como la inutilización de mercancía perecedera en Santa Cruz, la entidad consolida su compromiso con la seguridad económica y sanitaria del país, reduciendo los riesgos asociados al consumo de productos en mal estado y limitando el margen de maniobra de las redes dedicadas al comercio ilícito.
La acción desarrollada en los depósitos de ALBO S.A. ilustra cómo la combinación de un marco legal claro, la coordinación interinstitucional y la supervisión directa sobre el terreno permite que la destrucción de mercancías perecederas se ejecute de forma segura, documentada y con todas las garantías, reforzando la confianza en los controles aduaneros y en la protección de la sociedad frente a productos que suponen un riesgo para la salud y para el normal funcionamiento del mercado.
